

Cada año miles de familias y establecimientos educativos se preparan para el ingreso de nuevos estudiantes al sistema escolar. Algunos lo hacen por primera vez, otros se cambian de establecimiento, y otros entran a la enseñanza media luego de haber terminado sus estudios primarios.
El año 2025, a nivel nacional y para todos los niveles educativos, hubo 463.923 postulantes para un total de 1.134.110 vacantes ofrecidas por 7.760 establecimientos. Solo mirando los números, habría suficientes vacantes para todos los estudiantes, pero las postulaciones no se distribuyen uniformemente. Por diversos motivos, las familias prefieren unos establecimientos por sobre otros.

Por ejemplo, de las 157.104 postulaciones en 1° básico, el 55% se concentró en solo el 20% de las 130.143 vacantes disponibles, creando una sobredemanda.
de postulantes
de vacantes


Esta sobredemananda aparece cuando un establecimiento no tiene suficientes vacantes para todos los postulantes. Según datos del Mineduc, en 2025, 32,6% de los establecimientos tuvieron sobredemanda en al menos uno de sus niveles.
Dentro de ese 32,6%, en un caso extremo, un establecimiento puede llegar a tener 29 vacantes para 1301 postulantes, lo que equivale a casi 45 postulantes por cada vacante disponible.



El actual Sistema de Admisión Escolar (SAE) se puso en marcha el 2018 y se trata de una plataforma digital centralizada que recibe las postulaciones de las familias y asigna los cupos disponibles en el sistema. En este sistema las familias postulan según sus preferencias: primero indican el colegio que más quieren, luego el siguiente, y así hasta completar una lista de hasta diez establecimientos. Una vez cerradas las postulaciones, el SAE distribuye las vacantes.
Cuando un colegio tiene cupos suficientes, ingresan todos los postulantes. Sin embargo, cuando las postulaciones superan los cupos disponibles, el sistema utiliza un algoritmo que asigna las vacantes basado en criterios comunes:








































































































































































































Que ya hayan hermanos o hermanas matriculados en el colegio
Que el postulante entre dentro del 15% de estudiantes prioritarios
Que sea hijo o hija de funcionarios
Que el postulante sea exalumno del establecimiento
Y, finalmente, el resto de los cupos se resuelven al azar
El Sistema de Admisión Escolar tiene como objetivo garantizar un proceso equitativo y ordenado, asignando las vacantes según las prioridades indicadas por cada familia y respetando los criterios definidos por ley. De este modo el SAE optimiza la asignación de vacantes, hace más eficaz la actividad del Estado y maximiza la posibilidad de que los alumnos accedan a los colegios de su preferencia, algo que distintos estudios confirman, convirtiendo a Chile en un referente internacional en la materia.
El proyecto que se tramita actualmente mantiene un solo proceso de admisión, donde las familias postulan y ordenan sus preferencias. La modificación propuesta opera cuando hay que resolver quién se queda con los cupos en los colegios donde las vacantes no alcanzan: la propuesta abre la puerta a la selección.
Los establecimientos que en el proceso anterior recibieron más postulaciones que vacantes quedan facultados para aplicar un mecanismo que la ley llama “elección mutua” y que consiste en verificar criterios de prioridad definidos por el propio establecimiento entre todos quienes postularon a él. Con ese resultado, el colegio reporta al Ministerio una lista de estudiantes priorizados y una lista de espera. Esa lista se incorpora a la asignación centralizada como el primer criterio de prioridad, por sobre los criterios que rigen para todo el sistema: los mismos cuatro del SAE actual, más hijos de exalumnos que egresaron. En los colegios donde hay más vacantes que postulantes, entran todos.






La ley agrupa en cuatro tipos los criterios que un colegio puede usar para armar esa lista:

Incluyen tener hermanos en el establecimiento, ser hijo de un trabajador, haber estado matriculado antes, el porcentaje de asistencia registrado el año anterior, venir de otro colegio del mismo sostenedor o ser hijo de un exalumno, entre otros.
Incluyen la aceptación por escrito del proyecto y del reglamento interno, la suscripción de un compromiso de participación en las actividades de la comunidad escolar y la asistencia a reuniones o encuentros informativos previos al proceso, entre otros.
Este criterio permite aplicar pruebas de admisión, con foco en los establecimientos técnico profesionales, los que desarrollan aptitudes de especialización temprana y los de especial o alta exigencia académica, entre otros.
Los criterios de inclusión consideran la condición de estudiante prioritario, la de estudiante con necesidades educativas especiales permanentes y la de estar sujeto a una medida de protección, entre otros.
La ley agrupa en cuatro tipos los criterios que un colegio puede usar para armar esa lista:
Si un establecimiento elige hacer pruebas de admisión y usar entrevistas para evaluar la adhesión al proyecto educativo, comienza a seleccionar aplicando sus criterios.
















































































Tras el proceso, el colegio elige a un grupo de estudiantes de acuerdo a sus vacantes, dejando fuera a quienes no se ajustan al perfil seleccionado. Así, se conforman comunidades escolares más homogéneas y la diversidad queda concentrada fuera de ellas, perpetuando la segregación.
Desde 7° básico, cualquier establecimiento que aplique el mecanismo puede considerar además el desempeño académico, medido a través de una evaluación u otras herramientas pedagógicas.
El establecimiento tiene que determinar previamente cuánto pesa cada uno de estos criterios y con qué metodología los va a evaluar, informarlo al Ministerio, publicarlo en el registro antes de que se inicie la postulación y mantenerlo sin modificaciones hasta que el proceso concluya.
Este efecto no es nuevo, antes del SAE muchos colegios seleccionaban a través de entrevistas, pruebas o antecedentes que podían funcionar como barreras de entrada. Un informe del Centro de Estudios del Mineduc mostró que, cuando estos mecanismos de selección se restringieron con la entrada del SAE, los niveles de vulnerabilidad en establecimientos históricamente selectivos se equipararon a los de establecimientos no selectivos.
El gráfico muestra el índice de Duncan para diferentes grupos socioeconómicos, correspondientes al 20%, 40%, 60% y 80% de mayor vulnerabilidad. Mientras más alto sea el índice, o más cercano a 1, mayor es el nivel de segregación del grupo respecto de los demás. Durante el primer período de análisis se observa un aumento de la segregación social, especialmente entre los grupos de mayor nivel socioeconómico (quintil del 80%) y el grupo más vulnerable (quintil del 20%).
Desde 2008, luego de la implementación de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), el índice muestra una disminución gradual de la segregación escolar en los quintiles más vulnerables (20% y 40% de mayor vulnerabilidad), así como también en el grupo intermedio (quintil del 60%).
A partir de la aprobación de la ley de inclusión, en 2015, se refuerza la tendencia a la baja en la segregación social para todos los grupos socioeconómicos.
Durante el período posterior a la implementación del Sistema de Admisión Escolar (SAE), se observa nuevamente una disminución de la segregación, esta vez en todos los grupos socioeconómicos, aunque de manera más notoria en los tres primeros quintiles (20%, 40% y 60% de mayor vulnerabilidad).
Es decir, al limitar la capacidad de los colegios para seleccionar, comenzaron a acceder estudiantes que antes tenían menos posibilidades de ingresar a esos espacios. Un aumento en los índices de vulnerabilidad, en este contexto, evidencia de que se están derribando las barreras que antes dejaban fuera a estudiantes con menos posibilidades.
En el sistema actual la familia ya elige cuando ordena sus preferencias y luego el algoritmo asigna cupos con reglas comunes a todos los estudiantes y establecimientos, aplicando prioridades conocidas y usando el azar sólo como último recurso. La llamada “Elección Mutua” no crea más vacantes ni garantiza que más familias entren al colegio que quieren, sino que cambia la lógica y le devuelve a los establecimientos sobredemandados la posibilidad de seleccionar bajo sus propios criterios quienes entran y quienes no.



La promesa de la reforma es libertad de elección, pero si el colegio puede seleccionar, esa libertad deja de estar del lado de las familias. La elección no cambia de dirección: la familia sigue mirando hacia el colegio, pero ahora el colegio también mira de vuelta y decide a quién deja dentro o fuera.
Entonces, la pregunta no es solo cuántos cupos hay. La pregunta es quién decide cuando esos cupos no alcanzan.